En la norma, también se exige el carácter definitivo de secuelas o dolencias; respecto al carácter definitivo o previsiblemente definitivo de las lesiones o reducciones anatómicas y funcionales del trabajador.

Como afirma el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, la incapacidad permanente “contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral”.

En el ámbito específico del derecho de la Seguridad Social, la incapacidad permanente supone un defecto o déficit productivo que tiene su origen en patologías, cuyas secuelas imposibilitan, física o psíquicamente, la ejecución del trabajo. En estas circunstancias, se habilita un sistema de prestaciones compensadoras para evitar que la disminución del esfuerzo productivo conlleve una correlativa pérdida de ingresos económicos. 

El carácter de las prestaciones económicas contributivas de la seguridad social en general y de las prestaciones por incapacidad en particular es, esencialmente, el de rentas de sustitución. Cuando el trabajador se ve impedido para ejecutar su actividad laboral por consecuencia de la enfermedad y de su impacto funcional, pierde los ingresos provenientes de su trabajo, sean éstos en forma de salario en el caso de los trabajadores por cuenta ajena o de rendimientos del trabajo en el caso de los trabajadores por cuenta propia. 

El capítulo V del título II de la Ley General de la Seguridad Social está dedicado a regular el contenido de la incapacidad temporal, sin que la norma explicite un concepto genérico que dé sentido pleno y totalizador a su contenido, sino que enumera las situaciones determinantes de incapacidad temporal.

Enunciado del consejo. Si una empresa arrienda inmuebles, para que ello se considere una actividad económica tiene que tener un trabajador a jornada completa. no obstante, dicho requisito no se interpreta igual en el IRPF y en el IS. ¿Cuáles son las diferencias?